Cerrar la piscina comunitaria requiere unanimidad


Jurisprudencia Comunidades de Propietarios – Piscina

Dispone la norma 1ª del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia del 08-10-2008 (“Unanimidad para instalar una piscina en elementos comunes”), fundamentó que la instalación de piscinas en comunidades de propietarios exige unanimidad. Esta jurisprudencia es la citada por la siguiente sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza para fundamentar que la supresión de una piscina en una comunidad de propietarios requiere el acuerdo unánime.

Sentencia Audiencia Provincial de Zaragoza, 28-06-2011
Extracto

Como dice la STS 8-10-2008, en el art 17.1, párrafo segundo, se trata de un precepto abierto que flexibiliza el régimen de mayorías para el establecimiento o supresión de determinados servicios comunes siempre que ofrezcan un interés general a los comuneros, radicando el problema en determinar cuando un servicio presenta ese interés que justifica su sometimiento a una mayoría distinta, resolviéndolo el Tribunal Supremo “con la lógica de las cosas y a partir de una norma en la que ninguno de los servicios que enumera tiene que ver con el recreo, esparcimiento o actividades recreativas”, sino con el progreso o puesta al día de la Comunidad y con la mejor utilidad y servicio de los comuneros, en el sentido de que la instalación -el caso que la sentencia contemplaba era de instalación de una piscina, pero hay que entender que su doctrina es extensible a su supresión-, siendo la piscina algo excepcional en una comunidad de propietarios, requiere el consentimiento unánime de todos los propietarios en cuanto implica una alteración del titulo constitutivo.

La aplicación de esa doctrina, no habiéndose logrado la unanimidad, justifica la nulidad del acuerdo. Fuente | Comunidad Horizontal